Políticas de represión

Hace poco en su columna en el diario El Comercio, Mario Vargas Llosa habló sobre “el otro estado”.

El otro estado es el de las drogas, el que se mueve por el narcotráfico y está constantemente en querellas contra el gobierno que intente imponérsele y doblegarlo. Pasó en México, pasará en toda América Latina si no da una solución inteligente al problema; la guerra pública no funciona, lo aprendimos de México que sufre cuantiosas pérdidas diariamente producto de la contienda, muchos inocentes mueren. Dicen los críticos que debe atacarse por lo bajo y usando a la policía y su unidad de investigación para reprimir y encarcelar a las autoridades que sirvan al otro estado y se encuentren imbuidas dentro del poder; pero eso es, sino poco probable, imposible. Los carteles han llegado para quedarse.

Ninguna guerra sería solución al problema. Toda guerra, como bien deja a entender Mario, está condenada a perderse, toda guerra genera muerte y destrucción sin distinción de culpabilidad o inocencia. Mueren narcos y son reemplazados rápidamente. No se puede luchar contra un estado de drogas tan preparado y tan infiltrado en los poderes del gobierno, un estado independiente que controla cargos importantes relativos a seguridad. Aún más si se utiliza a las fuerzas armadas, movilizándolas a una contienda para la cual no han sido preparadas y provocando un escurrimiento seguro de la mafia dentro del ejército, lo que empeoraría las cosas.

Mario Vargas Llosa comenta: “No es un problema policial sino económico (…) Las victorias que la lucha contra las drogas puede mostrar son insignificantes comparadas con el número de consumidores en los cinco continentes.”

Totalmente de acuerdo. El mercado de las drogas va abriéndose paso sin distinción alguna de clase, tanto en países desarrollados como subdesarrollados; rindiéndole al estado de las drogas grandes ganancias con lo cual seguir su campaña expansionista.

La solución, según se plantea en la columna, sería la descriminalización del consumo de drogas. Una idea que ha venido flotando en el aire desde hace ya mucho tiempo y que se presenta como la única solución efectiva al problema del narcotráfico y a la violencia que provoca.

Tiene sentido, en mi modesta opinión, puesto que el dinero que se emplea en políticas represivas podría ser mejor usado en campañas de educación, concientización e información o, en el peor de los casos, en políticas de rehabilitación. La legalización entraña peligros; sin embargo, con acertadas campañas de prevención se podría contener y contrarrestar lo que Vargas Llosa llama: un fenómeno pasajero entre jóvenes y niños.
Desde el punto de vista económico sería favorable, porque el dinero que ha hecho millonarios a tantos traficantes durante la política de represión ahora circularía legalmente.

Una política de represión nunca funcionará, no se puede reprimir el deseo del hombre a consumir. Así quiera consumir productos dañinos como el alcohol, el tabaco o la marihuana; no se puede solucionar un problema con otro problema, pues al reprimir el consumo lo único que se consigue es que aumente el tráfico ilegal y aumente el precio del producto y sin embargo, se reduzca la calidad, causando muchas veces la muerte. No se puede despojar a las personas del derecho a consumir libremente.

Similar problema ocurre ahora que el Ministro de Salud ha propuesto un absurdo: aumentar casi en siete veces la carga impositiva de los cigarrillos con el fin de reducir el consumo de tabaco porque, ciertamente, daña la salud. Si eso llegara a pasar se les estaría obsequiando generosamente colosales cantidades de dinero a los contrabandistas, porque tengan por seguro que el consumo de cigarros no se va a reducir y el gobierno no va a ganar casi nada porque todas las transacciones se realizarán clandestinamente.

Si se intenta controlar el consumo de tabaco pueden crearse campañas efectivas de información y educación, mas resulta descabellado trazar un impuesto tan alto que, si bien es cierto, de acatarse generaría ingresos cuantiosos que podrían ser destinados a implementar centros oncológicos u hospitales del estado, es altamente improbable que se acepte pagar el doscientos porciento del impuesto como está establecido.
Pasará como en el primer gobierno de Alán, los traficantes se vestirán de ambulantes y venderán cigarrillos manipulados a un precio más aceptable.

No puede ser que por desidia y corrupción sigamos creyendo en políticas tan trajinadas y absurdas como resulta ser la de represión. Por la demagogia ética de politiqueros no podemos retroceder. Tenemos que afrontar los problemas con soluciones reales, efectivas, inteligentes, en pro de un desarrollo en la democracia del país y de una inexorable lucha contra la corrupción, que tanto reprime y juega con nuestra libertad.

“No son razones éticas, religiosas o políticas, sino el crudo interés el obstáculo mayor para acabar con la arrolladora criminalidad asociada al narcotráfico, la mayor amenaza para la democracia en América Latina”: concluye Mario.

Y es que en América Latina tomamos decisiones en base a los intereses de quien esté en el gobierno, de quien tenga el poder; mientras existan personas que vivan de las políticas de represión (que sean parte de ellas y las defiendan) y tengan suficiente poder político como para evitar una probable descriminalización y exista gente que se oponga por cuestiones éticas al consumo, el estado del narcotráfico seguirá echando raíces, creciendo vigoroso y prosperando infamemente, minando así la democracia y activando una bomba de tiempo que explotará cuando al fin el gobierno se de cuenta que es necesario librar una guerra perdida.